Destapan en Vigo un posible fraude en la venta de pisos de protección

Un grupo de 41 propietarios ha destapado la existencia de un posible fraude en el polígono residencial de Navia, el barrio vigués que acoge la mayor promoción de viviendas de protección oficial de toda Galicia. Los vecinos han denunciado ante la Xunta que su promotora les cobró un 30% por encima del precio legal establecido para este tipo de inmuebles, obligándoles a firmar un contrato con supuestas mejoras y una segunda plaza de garaje.

La Consellería de Vivenda e Solo, que dirige la nacionalista Teresa Táboas, ha abierto un expediente informativo para investigar el cobro de esos sobreprecios. Los compradores se animaron a dar el paso hace unas semanas, tras asesorarse con un abogado y obtener garantías por parte de la Administración de que no perderían sus viviendas. De ahí que decidiesen aportar documentación que certificaría las irregularidades.

Aunque Vivenda no quiso facilitar el nombre de la promotora investigada, La Voz confirmó en distintas fuentes que se trata de Vigolar, una empresa que ya fue denunciada e investigada por la misma causa durante el último mandato del PP en la Xunta.

Irregularidades

El expediente abierto por la consellería detalla cómo actuó esta firma. El comprador firmaba un «contrato de reserva da vivienda», incluyendo una plaza de garaje y un trastero, lo que era un trámite correcto. Pero, el mismo día, obligaba a firmar «un anexo» en el que se incluía la reserva de una segunda plaza de garaje y una serie de mejoras en el piso, como armarios empotrados, persianas y muebles de cocina. El precio que figuraba en el contrato oficial, entregado a la Xunta y con escritura pública, no fue el que los adquirientes realmente pagaron. Había que añadirle el que figuraba en el anexo, pero se trataba de un documento firmado entre particulares. Así, algunas viviendas protegidas, cuyo precio no debía alcanzar en ningún caso los 120.000 euros, se vendieron en la práctica por más de 150.000.

Lo más curioso, según explicaron ayer desde la Consellería de Vivenda, es que las mejoras resultaron ser «ficticias» en 30 de los 41 casos denunciados. Y el 90% de los compradores aseguran que esas mejoras no fueron solicitadas sino impuestas por el promotor.

El suelo en el que se construyen las viviendas de Navia es de promoción autonómica, adquirido y urbanizado completamente con recursos públicos y sacado a la venta bajo unas determinadas condiciones, para que el sector privado hiciese pisos de protección dirigidos a personas con menos recursos económicos.

El caso podría ir a más en próximas fechas. Los 41 denunciantes son sólo una parte de los compradores de la promoción de Vigolar. Además, la asociación vecinal de Navia sostiene que hay más empresas que podrían haber cometido las mismas irregularidades. De hecho, hubo vecinos que denunciaron ante la Xunta en abril, pero no llegaron a aportar facturas.

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